Señor Director:
Estos días se cumple un año desde que entró en vigencia la Ley 20.931 que amplía las facultades a las policías para realizar un control de identidad.
Los objetivos de la reforma eran particularmente dos: reducir las órdenes de detención pendientes y reducir los índices de criminalidad. La crítica al nuevo control preventivo viene dada por la idoneidad de que sirva para los objetivos perseguidos. Especialmente cuando el costo implica una limitación del derecho fundamental de las personas como es la libertad.
En efecto, según los datos entregados por el Ministerio del Interior, enero y marzo de 2017 tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones efectuaron 411.055 controles preventivos donde hubo 11.558 detenciones porque las personas tenían una orden de detención pendiente. Esto significa que de todos los controles realizados en dicho período sólo se consiguió encontrar detenciones pendientes en menos del 0.3 % de los casos. De esta forma cabe preguntarse si vale la pena el riesgo de afectación de la libertad de las personas por conseguir una cifra tan baja como la señalada.
Uno de los puntos más discutibles de la nueva redacción es el relativo a que la policía podrá solicitar identificación a cualquier persona cuando tenga algún antecedente que les permita inferir que tiene alguna orden de detención pendiente. Al respecto cabe preguntarse ¿cómo va a obtener un antecedente la policía que le haga sospechar que una persona tiene orden de detención pendiente? La respuesta en muchos casos es que eso va a depender de la apariencia de la persona. En un país donde lamentablemente existe un alto grado de clasismo, esta facultad permite continuar con una discriminación basada en motivos arbitrarios que en nada ayudan a terminar con la discriminación y que tampoco está claro que sirva para disminuir las órdenes de detención pendientes.
Iván Navas Mondaca
Doctor en Derecho Penal y académico de Derecho USS