Pese a que el gobierno ha insistido en minimizar los efectos de la Ley de Inclusión en el sistema educacional, ya son decenas los establecimientos que han anunciado su cierre el próximo año o que se transformarán en colegios particulares pagados, con el consiguiente impacto para muchas familias que se mantienen en la incertidumbre sobre el futuro de sus hijos. Eso deja a los padres y apoderados en una situación compleja, ya que si el establecimiento en el que están sus hijos decide cerrar, o no pueden pagar uno que se traspasará a particular pagado –como en la práctica está ocurriendo-, no tienen opción de postular a otro centro educacional a esta altura del año.
Todo esto revela una falta de sensibilidad absoluta del gobierno, que es incapaz de ponerse en el lugar de esas familias debido a la tensión que esta situación les está provocando. Es cuestión de ver el estrés de muchos padres que en las últimas semanas han debido mantenerse despiertos toda la noche haciendo filas en algunos colegios para postular a sus hijos dado el sistema de admisión (vía tómbola o por orden de llegada) que establece la Ley de Inclusión.
No cabe duda que todas estas situaciones terminarán afectando de manera grave la calidad de la educación que se les entrega a los escolares, y los únicos que no están entendiendo esto son los promotores de una reforma impulsada por factores ideológicos, que desatiende el principio de bien común que debe guiar a toda política pública.
Llegó el momento que padres y apoderados levantemos la voz para expresar nuestro rechazo a las consecuencias lógicas de una norma tremendamente perjudicial, y que comienza a mostrar sus efectos nocivos.
Erika Muñoz