Señor Director:
Hace unos días el Prof. Munita envió una carta llamando a tomar en consideración la opinión del padre de un no nato al momento de legislar sobre el aborto en nuestro país. Para ello, el Sr. Munita inicia su carta haciendo alusión a una reciente sentencia de “un tribunal de primera instancia de Uruguay, [que] impidió que una mujer se hiciera practicar un aborto”.
Siendo la única sentencia con tales características que hace poco se dictó en Uruguay, presumo que el docente se refiere a la resolución N°6/2017 de fecha 21 de febrero de 2017, donde la magistrada uruguaya señala expresamente que la razón por la cual se ordena a la madre suspender el procedimiento para llevarse a cabo un aborto es porque no se cumplieron con los requisitos procedimentales que expresamente señala la Ley 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo.
El año 2012 la legislación uruguaya reguló la práctica del aborto, estableciendo el derecho de toda mujer uruguaya y extranjera que tenga un año de residencia en tal país, a interrumpir voluntariamente su embarazo si se encuentra dentro de las 12 semanas de gestación y se cumple con el procedimiento establecido en la misma ley.
Si bien fue el padre en este caso que presentó una solicitud ante la magistrada, en ningún caso fue su opinión, postura o “derecho” el tomado en consideración por la jueza para fallar como falló, sino que durante el mismo proceso se tomó conocimiento el incumplimiento de uno de los procedimientos que la ley exige para interrumpir un embarazo.
En otras palabras, en este caso la opinión del padre no tiene absoluta relación con la decisión de la jueza. Es más, si el padre hubiese sido de la opinión de llevar a cabo el aborto, tampoco hubiese importado, pues la jueza hubiese ordenado la suspensión del procedimiento de todas formas. La importancia de los derechos en discusión exige la mayor rigurosidad de quienes participamos en el debate. Sobre todo cuando lo que está en juego es nuestro derecho, como mujeres, a decidir sobre nuestro cuerpo.
Tammy Pustilnick A.
Master en Derechos Humanos
de la Universidad de Tel Aviv
Master en Estudios Legales Internacionales de la Universidad
de Nueva York