Investigan a dirigentes pesqueros por pagos durante tramitación de Ley de Pesca

Fecha Publicación: 12/1/2017

Cerca de $70 millones recibieron agrupaciones de trabajadores de la pesca industrial durante la tramitación de polémica ley, los cuales se habrían realizado de manera similar a los recibidos por el, en ese entonces, dirigente Iván Fuentes. 

 

Marcelo Castro Bustamante
Contacto@diarioconcepcion.cl


Cada día que pasa se conocen nuevos antecedentes de esta caja de pandora en la que se está transformando la arista Asipes del Caso Corpesca. Allí, desde octubre pasado la Fiscalía Regional del Bío Bío, en conjunto con la Fiscalía de Alta Complejidad de la Zona Centro Norte de Santiago, investigan los pagos irregulares a dirigentes políticos durante campañas parlamentarias y la tramitación de la Ley de Pesca en el año 2012 y otras dos leyes más relacionadas con el sector en el año 2015. 

Ahora se suma la indagatoria en contra de dirigentes de la pesca artesanal y del Sindicato Trabajadores de la Industria Pesquera. De acuerdo a antecedentes a los que tuvo acceso Diario Concepción, los pagos se produjeron durante 2012, en plena tramitación de la Ley de Pesca, con el objetivo de que estos hicieran lobby a favor de ellos.

Estas mismas fuentes confirmaron que entre los antecedentes que analiza el Ministerio Público se encuentran los registros de contabilidad de al menos 10 pesqueras, además de Asipes, en donde aparece el traspaso de los dineros.

El fiscal regional del Bío Bío, Julio Contardo, confirmó que se está investigando la situación, pero no quiso ahondar en mayores antecedentes, puesto que existen diligencias pendientes. Misma situación ocurre con los antecedentes derivados desde el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Electoral, que son de vital importancia para definir los roles que tuvieron los parlamentarios involucrados en la investigación.

Entre los mencionados en la investigación se encuentra el diputado por Talcahuano y Hualpén, Jorge Ulloa, quien durante 2012 llevó a la Comisión Mixta de Pesca; el ex presidente de Asipes, Luis Felipe Moncada y Héctor Bacigalupo, gerente general de Sonapesca, entidad que agrupa a nivel nacional a todas las asociaciones de pesca industrial del país.

En la Fiscalía consideran que este antecedente no es constitutivo de delito, sino que sería, más bien, elementos de prueba en la investigación de la arista Corpesca. En este ámbito, querellantes consultados por Diario Concepción, señalaron que esta situación serviría para demostrar el lobby que realizaron las pesqueras con los parlamentarios para poder obtener una ley acorde con sus intereses.


Rechazo de peticiones

En la última audiencia de la causa, que se realizó los días 28 y 29 de diciembre en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, las defensas de Pesquera Bío Bío, Alimar, Camanchaca, Asipes y de Luis Felipe Moncada, solicitaron al tribunal que una serie de diligencias intrusivas solicitadas por la Fiscalía fuesen supeditadas a ciertos parámetros, puesto que afectaban la privacidad de los involucrados.

Todas las peticiones, fueron rechazadas por la jueza María Carolina Herrera, quien argumentó que se encontraban fuera del plazo legal que tienen las defensas para realizar este tipo de solicitudes. 

En relación a los mails incautados a la esposa e hijo de Luis Felipe Moncada, cuyas comunicaciones se encontraban en el computador del dirigente, el tribunal señaló que la defensa, a cargo del abogado Rodrigo de la Barra, tuvo un plazo de cinco días, desde que se produjo la diligencia, para solicitar que estos correos que involucran a la familia de Moncada fueran sacados de la indagatoria.

Para el fiscal Julio Contardo, el rechazo de la petición es un espaldarazo para la indagatoria que se sigue, "la posición del Ministerio Público es que nosotros obramos de buena fe, la defensa del señor Moncada debía habernos informado esto antes de que concretáramos la incautación, cosa que no sucedió. Inclusive, la petición que realiza el abogado De la Barra, se produce semanas después de la diligencia, inclusive cuando nosotros ya habíamos devuelto los dispositivos digitales retirados al imputado", puntualizó.


Separar las causas

Los cinco persecutores tienen hasta fines de abril para concretar todas las diligencias pendientes, plazo que pareciera poco, pero que según Julio Contardo es el ideal, "puesto que nos acomoda, pero no se sí lo logremos. Mi intención no es perpetuar la carpeta ni extenderla necesaria, sino alcanzamos, tendremos que pedir mayor plazo, pero será muy acotado a las diligencias que falten por concretar".

En relación a la sugerencia de del tribunal de separar las causas, a raíz de que una se encuentra más avanzadas que la otra, "es poco probable que ocurra a raíz de la unión entre ambas causas", expresó el fiscal Julio Contardo.


  Imprimir noticia   Descargar versión PDF